El Consejo Constitucional de Francia ha dado un revés al presidente Emmanuel Macron al anular la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años. El tribunal considera que la medida supone una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión de los jóvenes. La decisión, hecha pública este viernes, tumba el artículo primero de la ley que el Gobierno había impulsado como una de sus medidas estrella para proteger a la infancia en el entorno digital.
La norma, que había sido aprobada con el apoyo de los partidos de centro, derecha y extrema derecha, pretendía impedir que los menores de 15 años crearan cuentas en plataformas como Instagram, TikTok o Snapchat a partir del próximo mes de septiembre. Además, obligaba a las empresas a eliminar las cuentas existentes en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, el Consejo Constitucional ha considerado que la prohibición es demasiado amplia y no ofrece garantías suficientes para proteger la privacidad de los usuarios.
¿Por qué el Consejo Constitucional ha tumbado la ley?
En su dictamen, los magistrados reconocen que existe una exigencia constitucional de proteger el interés superior del menor, pero señalan que la prohibición tal como estaba redactada podría aplicarse a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores no están demostrados. La falta de distinción entre plataformas con diferentes niveles de riesgo ha sido uno de los argumentos clave. Además, el tribunal critica que la ley no tuviera en cuenta el grado de madurez de cada menor ni permitiera que los padres autorizaran el acceso a determinados servicios.
Otro de los puntos conflictivos es la verificación de edad. El Consejo Constitucional advierte de que la obligación de acreditar la edad para todos los usuarios podría suponer una intromisión excesiva en la vida privada, ya que la ley no especificaba las condiciones y límites de esa verificación. Sin esas garantías legales, el tribunal considera que se vulnera el derecho a la intimidad y la privacidad de los menores.
Macron encarga una nueva redacción
Tras conocer el fallo, el Elíseo ha emitido un comunicado en el que asegura que la determinación del presidente sigue siendo total para sacar adelante esta reforma. Macron ha dado instrucciones al primer ministro, Sébastien Lecornu, para que prepare una nueva redacción jurídicamente sólida que tenga en cuenta la decisión del Consejo Constitucional y el marco europeo. El objetivo es aprobar una nueva ley antes de la primavera de 2027, cuando se celebrarán elecciones presidenciales.
La ley original nació de una proposición parlamentaria impulsada por una diputada macronista y fue aprobada en la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 8 en contra. Entre sus medidas adicionales se incluía la prohibición del uso de teléfonos móviles en los institutos, aunque esa parte no ha sido afectada por la decisión del Consejo.
Contexto europeo y comparación con Australia
Francia se había convertido en el primer gran país europeo en aprobar una restricción de este tipo, siguiendo el ejemplo de Australia, que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La experiencia australiana ya ha mostrado dificultades de aplicación: una evaluación preliminar encargada por el regulador eSafety reveló que más del 81% de los menores de entre 10 y 15 años seguían usando las plataformas restringidas tres meses después de la entrada en vigor.
En el ámbito europeo, la Comisión Europea anunció en julio su intención de establecer un acceso progresivo y gradual de los menores a las redes sociales. Un comité de expertos ha recomendado prohibir el acceso a menores de 13 años, aunque cada país podría fijar su propia edad mínima. La decisión francesa presiona a la UE para adoptar un enfoque unificado sobre la verificación de edad y la protección de los menores en línea.
La anulación de la prohibición en Francia no significa el fin de la iniciativa, sino un obstáculo legal que Macron espera superar con una nueva redacción. Mientras tanto, el debate sobre cómo proteger a los menores en el entorno digital sigue abierto, con la vista puesta en la regulación europea y en los resultados de la medida australiana. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de los más jóvenes.
