La protección de los menores en el entorno digital se ha convertido en una prioridad para los gobiernos europeos. Francia acaba de dar un paso histórico al aprobar una ley que prohíbe a los menores de 15 años acceder a redes sociales sin el consentimiento de sus padres o tutores. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, convierte al país galo en el primer miembro de la Unión Europea en adoptar una restricción de este calibre, siguiendo la estela de Australia, que ya vetó el acceso a menores de 16 años en diciembre de 2025.
La nueva legislación francesa no solo limita la creación de cuentas, sino que también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, una restricción que hasta ahora solo se aplicaba en primaria y secundaria. Las plataformas digitales, como TikTok, Instagram, Facebook o X, serán las responsables de implantar sistemas eficaces de verificación de edad, aunque la ley no especifica un método concreto, dejando esa decisión en manos del regulador ARCOM. El presidente Emmanuel Macron celebró la aprobación afirmando que «Francia abre el camino en Europa» para proteger a niños y adolescentes de la sobreexposición a las redes.
Una ola global que llega a Europa
La decisión francesa no es un caso aislado. Australia fue el país pionero al prohibir las redes sociales a menores de 16 años a finales de 2025, con multas de hasta 30 millones de euros para las empresas que incumplan. Desde entonces, varios países han seguido sus pasos. En Europa, Reino Unido anunció en junio de 2026 un plan para impedir el acceso a menores de 16 años, que incluye un «toque de queda nocturno» y restricciones en videojuegos y chatbots de IA. España, por su parte, aprobó en marzo de 2025 un anteproyecto de ley que eleva de 14 a 16 años la edad mínima para tener una cuenta en redes y obliga a incluir control parental en los nuevos dispositivos. Alemania, a través del Partido Socialdemócrata, ha registrado una iniciativa para prohibir el uso a menores de 14 años, mientras que Grecia planea aplicar una restricción a partir de enero de 2027 mediante la aplicación estatal Kids Wallet, que permitirá a los padres supervisar y bloquear el acceso.
Más allá de Europa, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y varios estados de Estados Unidos también han aprobado normativas similares. En América Latina, Brasil sancionó en septiembre de 2025 una ley que obliga a las plataformas a verificar la edad y obtener aprobación parental para menores de 16 años, mientras que Ecuador, Colombia y México analizan proyectos de ley. Esta tendencia global refleja una creciente preocupación por los riesgos del entorno digital, como el ciberacoso, la exposición a contenidos inadecuados y los problemas de salud mental asociados al uso excesivo de pantallas.
El papel de las plataformas y los controles parentales
Mientras los gobiernos legislan, las empresas tecnológicas también están tomando medidas. Meta ha anunciado la llegada de controles parentales a Threads a partir del 27 de julio de 2026, permitiendo a los padres supervisar la actividad de sus hijos adolescentes, gestionar el tiempo de uso, establecer límites y activar un modo de sueño que bloquea el acceso nocturno. Esta funcionalidad se suma a las herramientas que ya ofrecen TikTok, Instagram y Snapchat, aunque los expertos señalan que la eficacia de estos controles depende de la implicación de las familias. Borja Adsuara, experto en derecho digital, subraya que «la clave no está solo en aprobar más normas, sino en su correcta aplicación y, sobre todo, en la educación ciudadana para convivir con la tecnología».
En España, el Gobierno trabaja en nuevas normas de protección de menores en entornos digitales que incluyen medidas relacionadas con inteligencia artificial, verificación de edad y control parental obligatorio. La futura ley española prevé prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, endurecer los delitos de grooming y acoso online, e imponer controles parentales gratuitos en los dispositivos conectados. Varias comunidades autónomas, como Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, ya han restringido el uso de móviles en los colegios durante la jornada lectiva, un precedente que allana el camino para una normativa estatal.
Desafíos técnicos y debate abierto
A pesar del consenso político, la aplicación práctica de estas leyes plantea serios desafíos. La verificación de edad sigue siendo un problema técnico sin resolver. Los estudios realizados en Australia tras la entrada en vigor de su veto muestran que alrededor del 40% de los adolescentes continuaron usando las redes sociales mediante VPN o creando perfiles con datos falsos. Herramientas como el reconocimiento facial o el cruce con bases de datos oficiales generan dudas sobre la privacidad en redes sociales y fiabilidad, y las primeras pruebas de Roblox con verificación obligatoria evidenciaron que los sistemas actuales son fáciles de burlar. En Francia, el regulador ARCOM tendrá la última palabra, pero no existe un estándar europeo común, lo que podría generar desigualdades entre países.
El debate también enfrenta a defensores y críticos. Organizaciones de derechos digitales advierten que los sistemas de verificación deben respetar la privacidad de los usuarios y no convertirse en herramientas de vigilancia masiva. Por otro lado, asociaciones de padres y fiscales de menores apoyan las restricciones, preocupados por el impacto del uso abusivo de las pantallas en la salud mental. La industria tecnológica, a través de patronales como Adigital, alerta de que una prohibición total sin alternativas educativas puede resultar ineficaz y provocar una migración de los menores a plataformas no reguladas. El equilibrio entre protección y libertad digital sigue siendo el gran reto.
La ley francesa, que aún debe ser revisada por el Consejo Constitucional, se aplicará de forma gradual: desde septiembre no se podrán crear nuevas cuentas para menores de 15 años, y a partir de enero de 2027 se eliminarán las existentes. Mientras tanto, una coalición de 15 países europeos, entre ellos España, analiza adoptar regulaciones similares. La protección de los menores en el entorno digital avanza, pero la tecnología y la educación deberán ir de la mano para que estas medidas no se queden en papel mojado. La clave, como apuntan los expertos, está en combinar leyes eficaces con una formación digital que permita a niños y adolescentes navegar de forma segura, sin renunciar a los beneficios de la conectividad.
