La Comisión Europea ha vuelto a poner el foco sobre el gigante tecnológico estadounidense. Este jueves, Bruselas anunció dos sanciones contra Google que suman 890 millones de euros, una cifra que, aunque elevada, representa apenas el 0,22% de los ingresos globales de la compañía. La razón: la empresa ha incumplido la Ley de Mercados Digitales (DMA) al dar prioridad a sus propios servicios en el buscador y al impedir que los desarrolladores de aplicaciones informen a los usuarios de ofertas más baratas fuera de Google Play.
La decisión llega en un momento especialmente delicado en las relaciones transatlánticas. El acuerdo comercial de Turnberry, firmado hace casi un año entre la UE y Estados Unidos, está en la cuerda floja, y la Administración Trump ya ha amenazado con represalias. Sin embargo, desde el Ejecutivo comunitario aseguran que la aplicación de la DMA no está sujeta a negociación y que su objetivo es garantizar una competencia justa en el mercado digital europeo.
Las dos sanciones de Bruselas
La primera multa, de 460 millones de euros, se debe a que Google ha estado favoreciendo sus propios servicios en los resultados de búsqueda. La Comisión detectó que, al buscar hoteles, vuelos, productos o resultados deportivos, el motor de búsqueda colocaba en lugares destacados sus propias herramientas —como Google Shopping, Google Hotels o Google Flights—, mientras que los competidores quedaban relegados a posiciones inferiores o con menos elementos visuales. Según Bruselas, esto no es más que una forma de autopreferencia que perjudica a rivales como Booking, Skyscanner o los medios deportivos.
La segunda sanción, de 430 millones de euros, está relacionada con Google Play. La Comisión considera que la compañía ha estado poniendo trabas a los desarrolladores de aplicaciones para que no puedan informar a los usuarios de que existen opciones más baratas fuera de la tienda oficial. Aunque la DMA permite a Google cobrar una comisión por cada nuevo cliente conseguido a través de Play Store, Bruselas opina que la tasa es excesiva y que, en la práctica, disuade a los desarrolladores de ofrecer alternativas. La empresa tiene ahora 60 días para corregir estas prácticas; de lo contrario, se expone a multas periódicas de hasta el 5% de su facturación global diaria.
Reacciones y tensiones con Estados Unidos
La vicepresidenta de Competencia de la Comisión, Teresa Ribera, defendió la decisión con contundencia: “Los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador”. Ribera también respondió a las posibles represalias de Donald Trump, señalando que la UE está “obligada” a hacer cumplir sus normas y que no cederá ante presiones externas. “No creo que a ninguno de nosotros se nos pudiera respetar si decidiésemos qué hacer porque alguien intente decirnos lo que tenemos que hacer”, añadió.
Por su parte, desde Washington ya se han alzado voces críticas. Un grupo de legisladores republicanos ha pedido a la Casa Blanca que responda con nuevas investigaciones comerciales que podrían traducirse en más aranceles. El acuerdo de Turnberry, que fijó un arancel del 15% para la mayoría de exportaciones europeas, expira esta misma semana, y la incertidumbre sobre su renovación planea sobre la cumbre. La Comisión, no obstante, insiste en que la DMA se aplica por igual a todas las empresas, y recuerda que también en Estados Unidos existen procesos similares contra las grandes tecnológicas.
El impacto en los usuarios y la postura de Google
Google no ha tardado en reaccionar. Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de la compañía, calificó la multa de “degradación del producto” y aseguró que la DMA está perjudicando a los usuarios europeos. “Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian, como los precios instantáneos y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, y a desmantelar las medidas de seguridad de Google Play”, declaró. Walker insistió en que “esto no es competencia leal, es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares”.
La compañía ya ha empezado a probar cambios en su buscador y en su tienda de aplicaciones, aunque la Comisión considera que aún no son suficientes. De hecho, Bruselas ha subrayado que la investigación, iniciada en marzo de 2024, ha tenido en cuenta que Google ya había introducido algunas modificaciones durante el proceso, lo que ha contribuido a que la multa sea relativamente baja en comparación con sanciones anteriores, como la demanda contra Google por los datos de Android o los 2.424 millones por Google Shopping. Aun así, la cifra total de sanciones impuestas a Google por la UE supera ya los 10.000 millones de euros en una década.
La decisión de este jueves supone un hito en la aplicación de la DMA, la ley que la UE diseñó para domar a los gigantes tecnológicos. Aunque la multa es modesta en relación con los ingresos de Google, el mensaje político es claro: Bruselas está dispuesta a hacer cumplir sus reglas, incluso si eso significa enfrentarse a la Administración Trump. Los próximos 60 días serán clave para ver si Google se pliega a las exigencias o si, por el contrario, el pulso se intensifica. Lo que está claro es que, por ahora, la Comisión Europea no piensa dar su brazo a torcer.
