La Unión Europea pone en marcha las nuevas exigencias de transparencia para la inteligencia artificial

  • Desde el 2 de agosto de 2026, los sistemas de IA deben informar a los usuarios cuando interactĆŗan con una mĆ”quina o cuando el contenido ha sido generado artificialmente.
  • Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación global, segĆŗn la gravedad de la infracción.
  • Las empresas espaƱolas se enfrentan al reto de identificar y clasificar todos los sistemas de IA que utilizan, incluida la llamada Ā«IA en la sombraĀ».
  • EspaƱa avanza con su propia ley de gobernanza de la IA, actualmente en tramitación parlamentaria, que adapta la normativa europea al ordenamiento nacional.

Ley europea de Inteligencia Artificial

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la regulación de la inteligencia artificial. Desde este domingo 2 de agosto de 2026, entran en vigor las obligaciones de transparencia recogidas en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, una norma pionera a nivel mundial que busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales. A partir de ahora, los ciudadanos podrÔn saber cuÔndo estÔn hablando con una mÔquina o cuÔndo un contenido ha sido generado o manipulado mediante IA.

La aplicación de esta fase supone un hito importante, aunque el calendario completo se extiende hasta 2028. Las empresas y administraciones tienen por delante un reto organizativo de calado, ya que no solo deben cumplir con las nuevas exigencias, sino también identificar y clasificar todos los sistemas de IA que utilizan en su día a día. En España, ademÔs, se estÔ tramitando una ley propia que adaptarÔ el marco europeo a la realidad del país.

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Transparencia y etiquetado de contenidos

Ley europea de Inteligencia Artificial

Una de las novedades mÔs visibles para el usuario es la obligación de que los asistentes virtuales y chatbots informen de forma clara de que se estÔ interactuando con una inteligencia artificial. Esto afecta a herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude, pero también a sistemas mÔs sencillos, como un FAQ conversacional. La medida pretende evitar confusiones y reforzar la confianza en los servicios digitales.

AdemĆ”s, los contenidos generados o modificados mediante IA —imĆ”genes, vĆ­deos, audios o textos— deberĆ”n incorporar un marcado legible por mĆ”quina que permita detectar su origen artificial. Los conocidos como deepfakes tendrĆ”n que ser identificados de forma obligatoria, salvo en obras de ficción, artĆ­sticas o satĆ­ricas. La Comisión Europea aclara que las simples correcciones ortogrĆ”ficas no se consideran revisión humana suficiente para eximir de esta obligación.

En el caso de contenidos sobre asuntos de interĆ©s pĆŗblico —polĆ­tica, procesos electorales, salud, justicia o medio ambiente—, quien los publique deberĆ” indicar si han sido generados con IA y no han pasado por un control editorial humano. De lo contrario, la responsabilidad recae en el editor. Esta exigencia busca combatir la desinformación en un momento en que resulta cada vez mĆ”s difĆ­cil distinguir lo real de lo artificial.

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Prohibiciones y sanciones

Ley europea de Inteligencia Artificial

El reglamento establece un régimen sancionador severo. Las infracciones mÔs graves, como el uso de sistemas de IA prohibidos, pueden acarrear multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global, aplicÔndose la cifra mÔs alta. Para incumplimientos relacionados con las obligaciones de transparencia, las sanciones alcanzan los 15 millones de euros o el 3% de la facturación. Las autoridades podrÔn tener en cuenta la proporcionalidad en el caso de pymes.

Desde el 2 de diciembre de 2026, ademÔs, quedarÔ prohibida la creación de imÔgenes sexualizadas mediante IA sin consentimiento, así como cualquier herramienta destinada a generar material de abuso sexual infantil. Esta medida se incorporó tras la polémica por las imÔgenes generadas con Grok, la herramienta de la red social X. También se vetarÔn los sistemas de puntuación social, la manipulación de personas vulnerables y la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, salvo autorización judicial.

La Oficina Europea de IA, con sede en Bruselas, asume desde ahora competencias para supervisar los modelos de propósito general, como los que sirven de base a múltiples aplicaciones. PodrÔ requerir información, acceder a los sistemas, ordenar medidas correctoras e incluso restringir su disponibilidad si detecta incumplimientos. Este control se ejerce de forma compartida con las autoridades nacionales, como la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA).

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Adaptación de las empresas

Ley europea de Inteligencia Artificial

Uno de los mayores desafíos para las organizaciones es identificar todos los sistemas de IA que utilizan, incluso aquellos que los empleados han adoptado por su cuenta, la llamada «IA en la sombra». Según un informe de la consultora Entelgy, cerca del 70% de las grandes empresas ya ha iniciado algún proceso de adaptación, pero muchas todavía no tienen un inventario completo de sus herramientas.

Los expertos coinciden en que el primer paso es hacer un inventario y clasificar los sistemas según el nivel de riesgo: desde los de riesgo mínimo, como un chatbot simple, hasta los de alto riesgo, como los usados en selección de personal, evaluación de créditos o diagnóstico médico. Para estos últimos, las obligaciones se aplicarÔn a partir de diciembre de 2027, pero el trabajo de anÔlisis debe comenzar ya.

La formación de los empleados en el uso responsable de la IA es la medida mÔs extendida, seguida de la creación de comités de gobernanza y políticas internas. No basta con confiar en el proveedor tecnológico, advierten los especialistas, porque el riesgo depende también del uso concreto que se haga de la herramienta. Por ejemplo, emplear un sistema de IA para filtrar currículos puede convertirlo en una aplicación de alto riesgo, independientemente de quién lo haya desarrollado.

Ley europea de Inteligencia Artificial

El director general de BIP Iberia, Giovanni Alessandrello, subraya que el cumplimiento debe abordarse como un proyecto estratégico, no solo tecnológico. Las compañías necesitan desarrollar criterios propios, establecer políticas claras y dotar a sus equipos directivos de mecanismos de gobernanza. «Cumplir tiene un coste, pero no gobernar la IA también lo tiene, y en muchos casos puede ser mucho mayor», señala.

La ley espaƱola de IA

Ley europea de Inteligencia Artificial

En paralelo al reglamento europeo, el Gobierno español impulsa el proyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, actualmente en tramitación parlamentaria. La norma no crea un régimen distinto, sino que adapta la aplicación del AI Act al ordenamiento jurídico español, definiendo las autoridades competentes, el sistema de supervisión y el procedimiento sancionador.

Entre las medidas mÔs destacadas de la futura ley española figura la prohibición expresa de generar deepfakes sexuales, una enmienda que España logró incorporar al texto europeo tras el caso de las niñas de Almendralejo. La eurodiputada socialista Laura Ballarín ha defendido que la legislación protegerÔ especialmente a menores y mujeres, mientras que el eurodiputado del PP AdriÔn VÔzquez compara la regulación con el uso de un cuchillo: «No prohibimos los cuchillos, sino usarlos para agredir».

Los Estados miembros tienen hasta septiembre de 2026 para adaptar su legislación nacional. España ya ha dado los primeros pasos con la aprobación del anteproyecto en mayo, y se espera que la ley definitiva esté lista en los próximos meses. Mientras tanto, el reglamento europeo es de aplicación directa, por lo que las empresas no deben esperar a la norma nacional para empezar a cumplir.

La aplicación de la Ley de IA continuarÔ de forma escalonada hasta 2028. El 2 de diciembre de 2026 entrarÔn en vigor las nuevas prohibiciones sobre contenido sexual no consentido, y en diciembre de 2027 serÔ el turno de los sistemas de alto riesgo. Finalmente, en agosto de 2028 se aplicarÔn las disposiciones para la IA integrada en productos como dispositivos médicos, vehículos o juguetes. Europa se sitúa así a la vanguardia de la regulación de la inteligencia artificial, con un modelo que busca combinar la innovación con la protección de los derechos ciudadanos, aunque el verdadero reto serÔ mantener la norma al ritmo de una tecnología que avanza mucho mÔs rÔpido que la legislación.

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