La justicia estadounidense ha vuelto a poner el foco en las grandes tecnológicas. Un tribunal del estado de Nuevo México ha ordenado a Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, el pago de 567 millones de dólares (unos 492 millones de euros) por considerar que sus plataformas han contribuido a deteriorar la salud mental de los menores y a exponerlos a riesgos como la explotación sexual. La resolución, dictada por el juez Bryan Biedscheid, cierra una segunda fase del proceso iniciado en 2023 por el fiscal general del estado, Raúl Torrez.
La cuantía se suma a los 375 millones de dólares que un jurado ya había impuesto a la compañía en marzo de este año por vulnerar la ley de protección al consumidor al ofrecer información engañosa sobre la seguridad de sus servicios para los jóvenes. En total, Meta deberá desembolsar 942 millones de dólares en el marco de este caso, una de las mayores sanciones logradas contra plataformas digitales por daños a la infancia.
Qué implica la sentencia para Meta
El fallo no se limita a la compensación económica. El juez ha ordenado a la empresa aplicar cambios estructurales en el funcionamiento de sus redes dentro del estado de Nuevo México. Entre las medidas más destacadas figura el límite de 90 horas mensuales de uso de Facebook e Instagram para los menores de 18 años, así como la restricción de notificaciones automáticas entre las 22:00 y las 7:00 horas. También se exige ocultar el número de “me gusta” en las cuentas de adolescentes, salvo que un padre o tutor lo autorice expresamente.
Además, la resolución obliga a Meta a reforzar los sistemas de verificación de edad mediante inteligencia artificial, a desarrollar en un plazo de dos años un modelo específico para detectar a usuarios menores de 13 años y a implementar campañas permanentes de información sobre las herramientas de seguridad disponibles. La compañía deberá, asimismo, crear un canal de denuncias para posibles cuentas de menores de edad y eliminar los datos personales recopilados de niños que no alcancen la edad mínima permitida.
El origen del caso y la respuesta de Meta
La demanda original fue presentada en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a Meta de anteponer sus intereses económicos a la seguridad de los menores. Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que los algoritmos de la compañía estaban diseñados para maximizar la interacción de los usuarios, incluso cuando ello resultaba perjudicial para los adolescentes, y que la empresa había ocultado información interna sobre los riesgos que corrían los jóvenes en sus aplicaciones.
Tras conocerse el fallo, Torrez celebró la decisión y la calificó como una “victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos”. Por su parte, Meta ha anunciado que recurrirá la sentencia. En un comunicado, la empresa aseguró que trabaja “intensamente para mantener seguros a los usuarios” y defendió su historial de protección a los adolescentes, al tiempo que acusó a los demandantes de “tergiversar los hechos”.
El precedente para Europa y España
Aunque la decisión se limita al estado de Nuevo México, el caso abre la puerta a que otros gobiernos y entidades reclamen responsabilidades a las grandes tecnológicas por el impacto de sus plataformas en la infancia. En la Unión Europea, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) ya obliga a las plataformas de muy gran tamaño, entre ellas Meta, a evaluar y mitigar los riesgos sistémicos para los menores. El DSA contempla sanciones de hasta el 6% de la facturación global anual, una cifra muy superior a la multa estadounidense.
En España, la Agencia Española de Protección de Datos y el Ministerio de Juventud e Infancia podrían apoyarse en este tipo de resoluciones para impulsar investigaciones propias o reforzar los mecanismos de control sobre los contenidos accesibles a menores. El caso neomexicano demuestra que las autoridades pueden lograr condenas millonarias si logran acreditar que la compañía ocultó información y engañó sobre la seguridad de sus productos.
Medidas adicionales y contexto global
La sentencia también incluye la obligación de reforzar los controles sobre la comunicación entre adultos y menores, así como la implementación de salvaguardas específicas para los chatbots de inteligencia artificial de Meta. La empresa deberá mejorar la gestión y revisión de las denuncias relacionadas con abusos sexuales infantiles y presentar informes semestrales de cumplimiento ante el tribunal.
El caso de Nuevo México es solo una pieza de un mosaico más amplio. Más de 40 estados de Estados Unidos y más de 1.300 distritos escolares han presentado demandas contra las grandes plataformas por los posibles daños a la salud mental de los jóvenes. A finales de este mes comenzará en California el primer juicio federal impulsado por 29 estados, que acusan a Meta de diseñar deliberadamente funciones adictivas en Facebook e Instagram.
En paralelo, la compañía ha implementado en los últimos meses medidas como las Cuentas para Adolescentes, que activan por defecto perfiles privados y añaden límites de interacción, así como herramientas para difuminar imágenes íntimas en mensajes directos. Sin embargo, los críticos consideran que estas acciones llegan tarde y que no abordan el problema de fondo: un modelo de negocio basado en maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios, incluidos los más jóvenes.
La condena a Meta supone un punto de inflexión en la lucha por una internet más segura para los menores. El fallo no solo reconoce el daño causado, sino que impone medidas concretas para corregirlo. Queda por ver si la apelación de la empresa prospera y si este precedente inspira cambios regulatorios más ambiciosos en Europa y España, donde la protección de la infancia en el entorno digital se ha convertido en una prioridad política.
