La justicia estadounidense ha dictado una orden judicial permanente que prohÃbe a la empresa israelà NSO Group llevar a cabo nuevos intentos de intrusión en WhatsApp, la aplicación de mensajerÃa propiedad de Meta y una de las más utilizadas del planeta.
El fallo, de 25 páginas y emitido por la jueza Phyllis Hamilton del Tribunal de Distrito, también recorta de forma notable los daños punitivos: de aproximadamente 167 millones de dólares a solo 4 millones, una rebaja que convive con una prohibición que NSO ya habÃa advertido que podrÃa poner en jaque su actividad.
Qué ha decidido exactamente el tribunal
La resolución impide a NSO acceder, intentar acceder o facilitar accesos a la infraestructura, servicios o usuarios de WhatsApp. Se trata de una prohibición indefinida que alcanza los esfuerzos técnicos dirigidos a vulnerar la seguridad de la plataforma.
Según el documento judicial, se blinda a WhatsApp frente a nuevos ataques o intentos de eludir controles, abarcando tanto intrusiones directas como actividades de apoyo que puedan facilitarse a terceros.
Consecuencias económicas y legales
En el plano monetario, la jueza Hamilton reduce la cantidad a pagar por NSO a 4 millones de dólares, frente a los cerca de 167 millones inicialmente fijados por un jurado. La rebaja no elimina, sin embargo, la severidad de la injunction permanente.
NSO llegó a sostener durante el proceso que una orden que le impidiera perseguir objetivos en WhatsApp podrÃa comprometer la continuidad de la empresa e incluso forzar su salida del negocio, según figura en la sentencia.
Reacciones de las partes
Desde Meta, responsables de WhatsApp celebraron el resultado. Will Cathcart, máximo responsable del servicio, señaló en X que la decisión impide a NSO volver a atacar a sus usuarios y llega tras seis años de litigios para exigir rendición de cuentas por ataques a la sociedad civil.
NSO, por su parte, mantiene que su tecnologÃa se usa para combatir delitos graves y terrorismo. La compañÃa también destacó que la orden no se aplica a sus clientes gubernamentales, quienes, según su postura, seguirÃan empleando sus herramientas con fines de seguridad pública.
Pegasus y el foco en WhatsApp
En el centro del caso está Pegasus, el software de espionaje más conocido de NSO. Esta herramienta se aprovecha de vulnerabilidades en aplicaciones y sistemas ampliamente utilizados para desplegar capacidades de vigilancia, lo que convierte a WhatsApp en un objetivo prioritario por su enorme base de usuarios.
La propia naturaleza de estos exploits hace que plataformas masivas como WhatsApp sean especialmente atractivas para intentos de intrusión, al facilitar un alcance potencialmente global y de alto impacto.
Antecedentes del litigio
La disputa legal se remonta a 2019, cuando WhatsApp demandó a NSO Group alegando accesos no autorizados a sus servidores meses antes, presuntamente para instalar Pegasus en dispositivos de vÃctimas.
La demanda afirmaba que el ataque permitió espiar a alrededor de 1.400 personas, entre ellas periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes polÃticos. Desde entonces, el contencioso ha acumulado años de procedimientos hasta llegar al fallo actual.
Qué implica la decisión y los próximos pasos
La orden judicial obliga a NSO a abstenerse de cualquier nuevo intento de vulnerar la plataforma y refuerza el mensaje de que el uso de vulnerabilidades contra servicios masivos tendrá consecuencias legales. A la vez, la rebaja de los daños punitivos reduce el impacto financiero directo, aunque el veto operativo es significativo.
Queda por ver si NSO opta por recurrir o ajustar su actividad a la luz de la prohibición. En paralelo, Meta seguirá invirtiendo en medidas técnicas y acciones legales para prevenir nuevos intentos de intrusión en su plataforma de mensajerÃa.
El fallo marca un hito en la pugna entre proveedores de software espÃa y grandes plataformas de comunicación: una victoria procesal para WhatsApp por la vÃa de una orden permanente, una rebaja notable de la sanción económica para NSO y un recordatorio de que el uso de exploits contra servicios de gran escala puede quedar bajo un escrutinio judicial cada vez más estricto.
